Sin avances de la nueva sala penal, perfilan más tareas para camaristas

WALTER RÍOS/DIARIO DE CUYO
El futuro tribunal apuntaba a aliviar a la segunda instancia, que dicen que está abarrotada de causas.

La Corte de Justicia había analizado el año pasado poner en funcionamiento la cuarta sala para la Cámara Penal, la cual fue creada hace años, pero el proyecto hoy está frenado y no hay señales de que se reactive. Mientras tanto, los jueces que integran las tres salas que sí están operativas se encaminan a acumular más trabajo.

Es que los nueve camaristas no sólo intervienen en los recursos de apelación, en la realización de juicios y la revisión de sanción administrativas, sino que también ya están recibiendo más causas por la puesta en marcha del régimen penal juvenil y pueden contar con planteos de excarcelaciones una vez que esté listo el sistema de flagrancia. En Tribunales dicen que ya están abarrotados de expedientes y que la situación perfila para complicarse, lo que puede repercutir en un mayor nivel de morosidad a la hora de resolver los casos.

En el Poder Judicial señalan que desde hace años el nivel de litigiosidad viene aumentando y en consecuencia, también viene subiendo el número de recursos de apelación frente a los fallos de los juzgados de primera instancia, aunque no se sabe si también hay más juicios, en virtud de que hay muchas causas que no se resuelven nunca. El resultado: las resoluciones que deben dictar y los juicios que tienen que realizar se demoran cada vez más. Los retrasos han desatado fuertes críticas de aquellos que esperan más celeridad de la Justicia y aún así, la mayoría de los camaristas no va a trabajar en la tarde para achicar la cantidad de expedientes y sigue gozando del privilegiado régimen de medio día.

Por año, en una sala penal, en promedio ingresan unas 100 apelaciones y se llevan a cabo unos 80 debates. Pero no solo eso, ya que los camaristas tienen que resolver sanciones administrativas que imponen los magistrados a empleados.
Sobran ejemplos de la morosidad en la segunda instancia. Por mencionar el más reciente, la contadora del Ministerio de Gobierno Mariela Fernández Achem fue procesada por su presunta vinculación en un pedido de coima. Después de dos años y siete meses, la Sala I le dictó la falta de mérito en esa causa y va camino a quedar totalmente desvinculada. Frente al cúmulo de casos, los jueces deben priorizar aquellas que tienen sospechosos detenidos, ya que lo que está en juego es la libertad o no de una persona. Así, aquellas causas sin detenidos, como las estafas o los delitos contra la administración pública, pasan años sin novedades.

Este año comenzó a funcionar el régimen penal de menores, en el que los dos juzgados ahora están abocados exclusivamente a lo penal y se incorporaron dos fiscalías, que se sumaron a las defensorías y asesorías. Así, desde que comenzó a rodar el mecanismo, ya se ha notado una suba de apelaciones que tienen que ver, por ejemplo, en las resoluciones de detención o no y de las declaraciones de la responsabilidad penal de los chicos de entre 16 y 17 años, reconocieron por lo bajo algunos actores judiciales.

Por otro lado, cuando esté en marcha el sistema de flagrancia, el mecanismo de enjuiciamiento exprés de delincuentes, los recursos sobre excarcelaciones pueden ingresar a las salas para sumar expedientes a resolver.

La idea que circulaba en la Corte el año pasado era que la cuarta sala se dedicara exclusivamente a resolver las apelaciones, mientras que las que ya existen se quedarían únicamente con los juicios. Esa sala penal está contemplada en la ley Orgánica de Tribunales y la Cámara de Diputados creó el organismo, pero la Corte nunca lo puso en funcionamiento, aseguraron fuentes judiciales.

Sobre la iniciativa no hay ningún tipo de avance en el corto plazo. Su puesta en marcha significaría presupuestar tres cargos de jueces, uno de fiscal, dos secretarios y empleados.
No es el primer caso en el que el máximo tribunal demora años en poner en marcha organismos creados .

El régimen penal de menores
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La puesta en marcha del fuero penal de menores estuvo cargada de polémica, debido a que la ley, en principio, estaba lista para que entrara en vigencia a partir de enero de 2011. En su momento, el Foro de Abogados, el Colegio de Magistrados y el Ministerio Público Fiscal lanzaron críticas en dirección a la Corte porque no se previó la creación de los organismos (como las fiscalías) para que funcionara correctamente.

Desde el máximo tribunal le indicaron a la Fiscalía General que reasignara competencias, planteo que fue rechazado porque es una atribución justamente del fiscal General y era como desvestir un santo para vestir otro, explicaron las fuentes en ese entonces. Otro cuestionamiento que surgió fue que la Corte no hizo lo suficiente para poner a rodar dichos organismos, a pesar de que la norma le abría la puerta cuando las posibilidades financieras lo permitieran. Recién este año se puso en funcionamiento.