En Caracas, #13A (6ta. movilización reclamando elecciones ya)

La coalición opositora al gobierno de Nicolás Maduro aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a una manifestación para el jueves 13/04 a las 10:00 am desde La Villa-Montalbán, en el municipio Libertador y al este la avenida Rómulo Gallegos, desde el Central Madeirense, municipio Sucre. El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó informó que se movilizarán los 335 municipios de Venezuela. A su juicio, existen dos opciones: “nos quedamos viendo como el régimen destruye nuestro país o ejercemos presión de calle para lograr el cambio“. Mencionó que la movilización será en Montalbán y todo el oeste de Caracas.

Nos vemos el jueves a las 10:00 am para salir de manera pacífica”, destacó el diputado a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien reiteró: "La presión de calle debe ser indefinida hasta que recuperemos la democracia y la soberanía popular en Venezuela."

Para el parlamentario, “el régimen acostumbra a lanzar bombas de humo cuando se da cuenta que el bravo pueblo está en las calles. No vamos a abandonar las calles”, dijo al tiempo que informó que el miércoles #13A acompañarán a los venezolanos en la tradición del Nazareno, desde el centro de Caracas desde las 14:00.

Unidad Democrática ofreció una rueda de prensa para informar a la población sobre las próximas acciones.

El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, indicó que en Semana Santa “nadie descansará” por lo que seguirán en la lucha día a día.

“No descasaremos hasta que se recupere el hilo constitucional de este país. Les informamos que aquí no se rinde nadie y ustedes pagarán con cárcel lo que le han hecho a Venezuela”, advirtió.

También criticó que desde el oficialismo se promuevan actos vandálicos para luego decir a través de los medios de comunicación del Estado que es responsabilidad de la oposición venezolana. Además rechazó la persecución contra periodistas y medios por informar lo que sucede en Venezuela.

“Agradecemos a los medios de comunicación porque ustedes también son perseguidos por llevar la verdad de lo que sucede”, indicó.

Tras Requesens, tomó la palabra el parlamentario, Juan Guaidó quien expresó que el Jueves Santo “manifestaremos en los 335 municipios de toda Venezuela… 335 municipios del país se movilizarán este jueves#13A a las 10:00 AM para exigir la restitución del hilo constitucional”.

Añadió que en Caracas “nos concentraremos todos en el oeste Montalbán en el centro comercial Las Villas a las 10:00 AM”.


El martes 11/04, varias personas traspasaron el cordón de seguridad y lanzaron objetos contundentes contra el presidente Nicolás Maduro, cuando se despedía de la localidad de San Félix, estado Bolívar, durante la tarde del martes 11/04.

El mandatario llegó desde La Habana, Cuba -luego de haber participado en el congreso político de los cancilleres de la Alianza Bolivariana de Nuestros Pueblos (ALBA)- , para trasladarse hacia Ciudad Guayana y presenciar la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de San Félix, en 1817.

Justo cuando los ciudadanos se abalanzaron hacia Maduro, la transmisión en cadena nacional fue interrumpida.

Transcendió que cinco personas fueron detenidas por este hecho.

No fue la 1ra. vez que Maduro siente el rechazo de la población durante un acto público. La noche del viernes 02/092016, una multitud caceroleó al mandatario mientras caminaba por el sector Villa Rosa, en las afueras de Porlamar, estado Nueva Esparta.

Por este hecho fueron detenidas decenas de personas, días más tarde liberadas. La única persona que permaneció retenida fue el periodista Braulio Jatar, quien compartió videos contra Maduro.



El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro se pronunció  a través de su cuenta en Twitter para denunciar a nivel internacional el incremento de la represión en Venezuela.

“Día tras día, la represión va en aumento en Venezuela. Es autoritario reprimir a manifestantes que reclaman democracia. El régimen ha sumado el criminal hábito de lanzar bombas lacrimógenas vencidas cuya peligrosidad se multiplica y hasta de hacer uso de un helicóptero para lanzarlas sobre los manifestantes”, manifestó en un video que compartió en Twitter.

Calificó como “criminal” el hecho de que los gases lacrimógenos hayan sido lanzados sobre un centro clínico en Caracas “donde pacientes y personal de la salud fueron afectados “.

Por otra parte sostuvo que el pueblo venezolano ha demostrado “su altura moral y su capacidad para fortalecerse ante la adversidad” y su capacidad para reclamar justicia.

Añadió que como secretario general de la OEA continuará condenando de manera enérgica los atropellos contra la población. “No podemos admitir las vidas venezolanas que el régimen está dispuesto a sacrificar para perpetuarse en el poder. No podemos admitir los heridos y detenidos que consideran necesarios para no perder sus privilegios”, prosiguió en rechazo a la represión perpetrada por la Guardia Nacional y demás cuerpos de seguridad del Estado.

Abogó además por la ejecución de elecciones y por el cese de encarcelaciones con motivos políticos.

“No podemos llamar revolución a este régimen que subyuga a su pueblo, que no le permite votar, que no le permite tener una AN libre. no podemos admitir a un régimen que no administra justicia, sino que la desvirtúa, que tiene a su gente sin alimentos, sin medicinas y aterrados por la inseguridad”

Libertad de expresión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a Venezuela a respetar y garantizar “el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de quienes protestan en el país”.

En un comunicado difundido desde su sede en Washington, la CIDH se refirió a las protestas opositoras “entre el 30/03 y el 08/04 de este año”, y constató el uso de “cordones policiales, carros lanza aguas y gases lacrimógenos para obstaculizar y dispersar las manifestaciones”.

Por eso, la Comisión, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), instó a las autoridades a “reconocer públicamente los derechos a la reunión pacífica y libertad de expresión, sin discriminación por razones de opinión política”.

"La CIDH urge al Estado venezolano a respetar y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de quienes protestan en el país.

De acuerdo con la información disponible, agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) utilizaron cordones policiales, carros lanza aguas y gases lacrimógenos para obstaculizar y dispersar las manifestaciones llevadas a cabo en Caracas y en otras ciudades del país, entre el 30 de marzo y el 8 de abril de este año. También se registró la presencia de grupos armados civiles que golpearon y amenazaron a manifestantes, incluidos diputados nacionales.

En la manifestación realizada el 4 de abril fueron desplegados operativos policiales y militares para impedir el paso de diputados, líderes políticos y manifestantes que se dirigían a la Asamblea Nacional. La actuación policial y militar desató enfrentamientos entre agentes de seguridad y grupos de manifestantes. Según la información obtenida, seis policías y nueve manifestantes habrían resultado heridos, uno de ellos por arma de fuego. La conducta estatal también habría sido discriminatoria, en tanto que partidarios del gobierno habrían podido movilizarse sin obstáculos policiales para participar en manifestaciones en apoyo al gobierno.

Asimismo, se conoció que el 5 de abril funcionarios de la GNB y la PNB incursionaron en la sede de la Universidad de Carabobo, dispararon con perdigones y armas de fuego a estudiantes que participaban en protestas y arrojaron bombas de gases lacrimógenos dentro del edificio de la Federación de Centros de Estudiantes. Al menos dos estudiantes habrían resultado heridos por arma de fuego y otros con perdigones. La GNB informó que se ordenó la destitución de los agentes de la GNB que participaron en la operación y que se abrirá una investigación por estos hechos.

Los días 6 y 8 de abril las protestas que se dirigían a la Defensoría del Pueblo en Caracas fueron nuevamente bloqueadas y dispersadas con gases lacrimógenos por parte de los funcionarios de seguridad. El gobierno habría ordenado el cierre de 17 estaciones del metro de la ciudad. Según la información disponible, se registraron detenciones y decenas de manifestantes heridos. Un joven de 19 años de edad, Jairo Ortiz, murió el 6 de abril en una protesta a las afueras de Caracas. La CIDH insta al Estado de Venezuela a promover una rápida investigación por la muerte del joven, que permita establecer si se trató de una ejecución extrajudicial y en consecuencia, aplicar las responsabilidades judiciales correspondientes.

De especial preocupación resulta la información recibida sobre ataques y confiscación de equipos y materiales de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, por parte de funcionarios de seguridad y grupos de civiles armados durante estas manifestaciones. También se registró la detención por parte de autoridades policiales de un camarógrafo a quien se le prohibió cubrir la marcha del 6 de abril. Los ataques contra periodistas que cubren situaciones de esta naturaleza violan la libertad de expresión pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento. También se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen. En este sentido, la CIDH reitera la importancia de la más amplia protección a la libertad de expresión de los medios de comunicación en Venezuela especialmente sobre la coyuntura registrada en el país.

La situación de Venezuela es materia de seguimiento tanto por la Comisión Interamericana como por los órganos políticos de la OEA. Los órganos del sistema interamericano han enfatizado que en este tipo de situaciones, la relación entre los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica resulta aún más manifiesta, especialmente cuando se ejercen de manera conjunta con la finalidad de reclamar la efectividad de la democracia. La Corte Interamericana ha afirmado que “las manifestaciones y expresiones relacionadas a favor de la democracia deben tener la máxima protección posible” y que la protesta en este contexto debe ser entendida como parte del derecho de defender la democracia.

Preocupa a la CIDH las declaraciones estigmatizantes por parte de altos funcionarios públicos y amenazas de persecución penal en contra de manifestantes y sus líderes políticos y sociales. Asimismo, la CIDH se preocupa por las prácticas de violencia en las protestas.

De otro lado, la existencia de actos de violencia aislados en las protestas no puede justificar la restricción de los derechos a la reunión pacífica y la libertad de expresión, ni el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza. La Comisión ha enfatizado que cuando una manifestación o protesta conduce a situaciones de violencia debe entenderse que el Estado no fue capaz de garantizar su ejercicio. La obligación del Estado es abstenerse de restringir arbitrariamente el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, proteger a los participantes y a los terceros presentes de ataques de particulares, así como de asegurar la gestión de las demandas y los conflictos sociales y políticos de fondo para canalizar los reclamos.

La CIDH ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la falta de garantías para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política en Venezuela. Por esta razón, la Comisión reitera su llamado al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos incluyendo el deber de facilitar las manifestaciones y protestas que se han convocado a partir de las decisiones del TSJ. En particular, insta al Estado a respetar los siguientes estándares internacionales:

-Reconocer públicamente los derechos a la reunión pacífica y libertad de expresión, sin discriminación por razones de opinión política.

-Abstenerse de exigir autorización previa para la realización de manifestaciones públicas u otros requisitos excesivos que dificulten su realización.

-Facilitar las manifestaciones públicas, incluidas las contramanifestaciones, y cooperar con los organizadores de las manifestaciones para que desempeñen su función, sin discriminación por razones de opinión política. En el caso que la acción de personas aisladas o grupos de personas, incluidos agentes provocadores y contramanifestantes, tenga el propósito de perturbar o dispersar reuniones, los Estados tienen la obligación positiva de proteger activamente las reuniones afectadas por estas prácticas.

-Abstenerse de impedir el paso, registrar o detener a los participantes que se estén dirigiendo a una reunión a menos que exista un peligro claro y manifiesto de violencia inminente.

-Abstenerse de realizar amenazas y hacer uso arbitrario de la justicia penal en contra de manifestantes, activistas o referentes sociales o políticos por su participación en una protesta social, o el señalamiento de haberla organizado, o por el hecho de formar parte de grupo o entidad organizadora o convocante.

-Excluir la participación de militares y fuerzas armadas de los operativos de manejo de manifestaciones públicas.

-Excluir las armas de fuego de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales. El uso de este tipo de armas es una medida extrema, y que no deben utilizarse excepto en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan su vida e integridad, o la de terceras personas, y nunca para disparar indiscriminadamente a una multitud o grupo de personas en estos contextos.

-Adoptar e implementar estrictamente protocolos específicos de uso progresivo y proporcional de armas menos letales, y sancionar su uso indiscriminado.

Abstenerse de incurrir en prácticas de detenciones masivas, colectivas o indiscriminadas y cumplir con todos los requisitos impuestos por las leyes internas y los estándares internacionales en las detenciones que las fuerzas de seguridad efectúen en contextos de protesta social, particularmente para asegurar que las personas detenidas y sus familiares reciban información precisa respecto de los motivos de la detención y del sitio del alojamiento.

-Garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión.

-Abstenerse de utilizar medios directos o indirectos para impedir la circulación de opiniones, críticas o denuncias contra autoridades del gobierno.

Iniciar investigaciones sobre los hechos reportados, así como reforzar todas aquellas acciones que garanticen que las investigaciones iniciadas se realicen de forma diligente e imparcial, y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar."