Amplio aval a los cambios en Ganancias en una sesión exprés

QUIÉNES QUEDAN EXCLUIDOS?
En un debate en el que se escucharon fuertes críticas al rumbo económico de la administración de Mauricio Macri y en el que quedaron al desnudo las diferencias internas que coexisten en el PJ, el Senado aprobó ayer por amplia mayoría el proyecto de ley acordado por el Gobierno con la CGT y las provincias que eleva el mínimo no imponible y actualiza las escalas del impuesto a las ganancias.



El texto fue girado de inmediato a Diputados para su tratamiento en comisión -que comenzó ayer mismo a la tarde- y su debate en el recinto. Si no media ningún conflicto de último momento, la intención es que la Cámara baja sancione hoy el nuevo esquema impositivo.

Producto del consenso alcanzado por el Gobierno con los gremios y las administraciones provinciales, el proyecto fue aprobado en el Senado por 56 votos favor, dos en contra y 12 abstenciones. El ala kirchnerista del FPV y los representantes del peronismo puntano fueron los únicos sectores políticos que no sumaron su respaldo a la iniciativa.

El texto eleva el mínimo no imponible a $ 30.500 de bolsillo (37.000 brutos) para los trabajadores en relación de dependencia (cuarta categoría) casados y con dos hijos. Los solteros, en tanto, comenzarán a tributar a partir de un ingreso neto de $ 23.200 (27.900 brutos). Además, actualiza las escalas del gravamen con alícuotas que van del 5% hasta el máximo del 35% de retención para aquellos salarios superiores a los $ 120.000.

También exime las jubilaciones de hasta $ 33.000 y contempla un nuevo régimen de ítems deducibles, como viáticos y alquileres, que podrán aplicarse como pago del impuesto hasta un 40%, y elimina las horas extras de la base imponible para el impuesto.
Desde el oficialismo, Julio Cobos (UCR-Mendoza) destacó el consenso político logrado para superar la crisis generada en torno a la discusión de Ganancias.

“Estábamos en un conflicto que iba a generar un impacto fiscal muy grande, pero hemos sabido encontrar una puerta de salida”, afirmó, tras lo cual ensalzó “la apertura de un gobierno que se avino a la requisitoria del Senado” y se sentó a negociar con todos los actores de la crisis.

Según explicó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina (FPV-Buenos Aires), con este nuevo esquema dejarán de pagar el impuesto unos 800.000 trabajadores, aunque la kirchnerista María Esther Labado (Santa Cruz) salió al cruce de esas cifras.

“Tengo que darles malas noticias: en marzo, cuando se hagan las paritarias, todos los exentos hoy van a volver a pagar Ganancias”, alertó la legisladora, que había firmado anteayer dictamen al proyecto y que ayer, tras reconocer que había puesto su rúbrica sin leer el texto en “aras de la gobernabilidad”, se abstuvo.

El mismo camino siguió el resto del kirchnerismo, incluido Marcelo Fuentes, a pesar de que realizó un discurso hipercrítico contra Mauricio Macri (“gobierna para los sectores concentrados”, afirmó). Sólo se diferenciaron Ruperto Godoy (San Juan) y Daniel Pérsico (San Luis), que votaron en contra. “No me siento representado (por este proyecto) porque deberíamos haber aprobado la media sanción de la Cámara de Diputados”, afirmó el sanjuanino.

Sin embargo, desde el ala dialoguista del PJ-FPV se ensalzó la tarea del jefe de la bancada, Miguel Pichetto (Río Negro), quien la semana pasada le abrió al Gobierno una ventana para que pudiera negociar con la CGT y los gobernadores y frenó, cuando parecía inevitable, la sanción del texto aprobado hace tres semanas por la Cámara baja.

Aquella iniciativa, elaborada por una alianza entre el Frente Renovador, de Sergio Massa, y el kirchnerismo, elevaba de manera sustancial el mínimo no imponible. Esto encendió las alarmas de los gobiernos provinciales, atemorizados por el impacto fiscal que la menor recaudación del impuesto iba a tener sobre sus ingresos.

“Acá lo que cambió fue la llamada del Presidente a Pichetto, que es el que le dice que tiene que llamar al diálogo, porque nosotros esto no lo podíamos hacer sin el consentimiento de los trabajadores”, remarcó el vicepresidente del bloque del FPV, José Mayans, para salir al cruce de los discursos oficialistas, que hacían hincapié en la voluntad de consenso mostrada por la Casa Rosada.

Este reconocimiento al líder de la mayoría opositora de la Cámara alta también lo formularon senadores de otros bloques, como el peronista filomassista Carlos Caserio (UNA-Córdoba).

A su turno, Pichetto defendió el proyecto, que describió como “la ley posible”. “Significa una efectiva mejora para los trabajadores”, agregó.

Sin embargo, también criticó al Gobierno, al afirmar que su proyecto original “fue muy malo, muy pobre” y que no había tomado en cuenta “el proceso inflacionario fuerte que afectó los ingresos de la gente”.

También repartió críticas veladas a los sindicalistas del transporte, que realizaron un paro el lunes pasado en medio de la negociación de un nuevo proyecto. “Sería bueno que algunos gremios que salieron más beneficiados que otros lo reconozcan”, pidió Pichetto, en alusión a la exención total de las horas extras de la que gozarán los trabajadores del transporte de larga distancia.

Los jefes provinciales, conformes con el proyecto consensuado

Miguel Lifschitz
Gobernador de Santa Fe

“Se logró un buen acuerdo, los gobernadores evitamos que se produjera un conflicto entre el Gobierno y la oposición. Todos pusimos un poco, estamos conformes”

Alberto Weretilneck
Gobernador de Río Negro

“Se logró revertir el desfinanciamiento de las provincias, que se iba a producir si prosperaba el proyecto anterior. Se evita la pérdida de recursos para las provincias”

Gustavo Bordet
Gobernador de Entre Ríos

“Ha primado un criterio de madurez, responsabilidad política, de respetar nuestros presupuestos, tanto provinciales como nacionales”



LA HISTORIA SE REPITE: La reforma excluye a casi todos los jueces y funcionarios judiciales
Finalmente, casi nadie pagará el impuesto a las ganancias ni en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público. El alcance del texto aprobado en el Senado es exiguo: sólo abarca a quienes ingresen al Poder Judicial y al Ministerio Público en 2017.

Quedan exentos de pagar Ganancias los jueces, los fiscales y los defensores en actividad y jubilados; también los secretarios y funcionarios actuales y los que sean ascendidos o promovidos mediante concursos, y aquellos que lleguen de la justicia provincial o de la ciudad a la Nación y viceversa.

El texto aprobado originariamente por la Cámara de Diputados a instancias del kirchnerismo y el massismo incluía una norma para el pago de Ganancias en el Poder Judicial a quienes ingresaran en 2017.

La Corte emitió ayer un comunicado en el que señaló que “interpretada estrictamente [esa reforma] excluía a los fiscales, defensores, empleados y funcionarios. La consecuencia es que pagarían el impuesto a las ganancias no sólo quienes ingresen a partir de 2017, sino también todos los que ya están en funciones: empleados, funcionarios, fiscales, defensores, jubilados”.

Pero la Corte dijo que ahora “la cuestión fue modificada por el Senado de la Nación”, pues en el texto aprobado ayer a la tarde dice: “Sustitúyense los incisos a y c del artículo 79, por los siguientes:

“a) Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes ejecutivos y legislativos. En el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive.

“c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida en que hayan estado sujetos al pago del impuesto, y de los consejeros de las sociedades cooperativas.”

De este modo, la Corte advirtió que de convertirse en ley hoy este texto “queda claro que todos los empleados, funcionarios, fiscales, defensores y magistrados que están en funciones no pagarán el impuesto. En cambio, quienes ingresen a partir de 2017 estarán obligados a pagarlo”.

El inusual comunicado de la Corte sirvió para calmar las aguas intranquilas en los despachos de los tribunales, las fiscalías, las defensorías y entre los jueces jubilados que veían en peligro la prerrogativa que tienen. El argumento es que no se puede cambiar el régimen de Ganancias que afecta los sueldos de los jueces porque la Constitución nacional protege “su intangibilidad”.

El documento aprobado por el Senado fue producto de la negociación que realizaron el peronismo, el Gobierno, el gremio de los judiciales con Julio Piumato a la cabeza y el propio presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

De hecho, el Gobierno difundió ayer desde el Ministerio del Interior un documento en el que advirtió que, por el artículo 110 de la Constitución nacional, los sueldos de los jueces de la Corte y de los tribunales inferiores son intangibles.

Y reproduce el texto del dictamen del Senado que deja fuera del impuesto a los magistrados, funcionarios empleados de la justicia nacional, de las provincias y del Ministerio Público, tanto defensores como fiscales designados luego de 2017.

Las conversaciones de alto nivel entre el Gobierno, el PJ, Piumato y la Corte buscaron preservar que los empleados y los jubilados no vieran afectados sus salarios, ante la perspectiva de una huelga que paralizara la Justicia.

Piumato y fuentes de la Corte confirmaron a LA NACION que el diálogo fue permanente para llegar a esta fórmula de consenso, que es la que esperan que hoy apruebe la Cámara de Diputados.

“No está en riesgo el salario de los trabajadores, podemos garantizar que no se aplicará el impuesto si hay promociones o ascensos”, dijo Piumato en una conversación con LA NACION.

Advirtió que, de darse este extremo, se daría el ridículo caso de que un secretario, por ejemplo, no quiera ascender a juez porque ganaría más en su cargo actual que en el nuevo, si es que tuviera que tributar Ganancias, explicó el sindicalista.

El gremio de los jueces -la Asociación de Funcionarios y Magistrados de la Justicia Nacional- prefirió ayer el silencio mientras analizan los alcances de la ley. No obstante realizaron inquietas consultas con el Gobierno y el Ministerio de Justicia para asegurarse de que no haya cambios en lo acordado ayer.

Un freno constitucional

Intangibilidad

El artículo 110 de la Constitución nacional dice que los sueldos de los jueces son intangibles, es decir que no pueden ser disminuidos

Diputados

El proyecto anterior permitía descontar ganancias a los empleados, funcionarios y jueces que estaban en funciones y ascendieran en 2017

Senado

El nuevo proyecto excluye a jueces, fiscales, magistardos y funcionarios aunque asciendan. Solo pagarían los nuevos que ingresan en 2017

 

fuente LA NACIÒN