Levantan el secreto bancario de tres donantes de Michetti

El juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario de tres fundaciones a las que dos diputados kirchneristas y un abogado que pidió investigar el origen del dinero robado de la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti el año pasado vinculan con supuestos actos ilícitos, según dijeron ayer fuentes judiciales.
El juez Lijo pidió datos bancarios de las fundaciones Pericles, Formar y Fundar Justicia y Seguridad.


La medida fue ordenada a través de sendos oficios remitidos al Banco Central, y alcanza a las fundaciones Pericles, Formar y Fundar Justicia y Seguridad, que estarían relacionadas con el asesor jurídico presidencial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco.

La medida había sido solicitada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, y apoyada por los diputados kirchneristas Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade. Martínez Herrero había denunciado en julio pasado un posible acto delictivo en torno al dinero que le fue robado a Michetti de su casa la noche en la que festejaba el triunfo de su fórmula con Mauricio Macri para la segunda vuelta de la elección presidencial del 22 de noviembre pasado. Por ese hecho hay un agente de la Policía Metropolitana procesado en otra causa.

Voceros de Michetti consultados por Clarín señalaron que las tres fundaciones sobre las que se ordenó levantar el secreto bancario no hicieron aportes a la fundación SUMA, presidida por la vicepresidenta, quien explicó ante la justicia que el dinero faltante en su casa correspondía parcialmente a donaciones recibidas a favor de esa entidad.

De acuerdo con los voceros de la vicepresidenta, Martínez Herrero quiso direccionar la denuncia hacia otras fundaciones relacionadas con dirigentes de la primera línea del PRO, el partido líder de la coalición gobernante, luego de que las primeras informaciones recabadas por la Justicia en torno a Michetti y SUMA no detectaran irregularidad alguna.

De acuerdo con fuentes judiciales, Lijo también remitió oficios a la Unidad Información Financiera (UIF) para que informe si existen reportes de operaciones sospechosas (ROS, en la jerga bancaria y judicial) respecto de las tres fundaciones ahora también investigadas en la causa.

En el marco de estas solicitudes, el magistrado ya recibió la información existente sobre las tres fundaciones en la Inspección General de Justicia (IGJ). El último envío fue sobre Pericles. Sobre las otras dos fundaciones, la IGJ informó que tenían todos los papeles en regla y que habían cumplido con toda la documentación requerida, según dijeron fuentes cercanas a la investigación.

La IGJ ya había respondido de igual manera sobre SUMA, lo mismo que la UIF. Lijo también había requerido en el marco de esta causa una copia de la declaración jurada patrimonial de Michetti a la Oficina Anticorrupción (OA).

La causa se inició por requerimiento del fiscal Guillermo Marijuán, luego de la denuncia presentada el 18 de julio por el abogado Martínez Herrero por “omisión maliciosa”, esto es por no haber declarado Michetti ese dinero en su patrimonio, según el abogado. Este se basó en un artículo aparecido en el diario Tiempo Argentino sobre el robo que había sufrido Michetti en su casa la noche del triunfo electoral de Cambiemos. La causa intenta esclarecer ahora el origen del dinero robado.

“Mi declaración jurada es siempre la misma. No he crecido en mi patrimonio”, explicó entonces la vicepresidenta a través de su cuenta de Facebook. Allí confirmó el robo y dijo que los 200 mil pesos desaparecidos de su casa correspondían a donaciones recibidas días antes del hecho por parte de aportantes de SUMA, en tanto que los 50 mil dólares también sustraídos correspondían a un préstamos que le había hecho su pareja para costear los esetudios de una maestría que su hijo planeaba cursar en una universidad extranjera.

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