SOBREPRECIOS DEL IPV CON DOCUMENTACIÓN SECUESTRADA RELACIONADA A EMPRESAS CONTRUCTORAS

Fuentes judiciales confirmaron que se están realizando operativos para hacerse con documentación.
DIARIO DE CUYO

La Policía Federal, por orden de la Justicia, está ejecutando el secuestro de documentación en varias de las empresas que calificaron en las licitaciones sospechosas que son motivo de investigación porque, se supone, el Estado pagó sobreprecios por terrenos que les vendieron las constructoras.

En los operativos, que se están ralizando en locaciones de estas empresas emplazadas en Capital, Rawson y Chimbas, es para solicitarle a las firmas que entreguen documentación requerida por la Justicia Federal. En caso de no entregarla, está contemplado el allanamiento.

La causa

Las licitaciones que despiertan sospechas son la 3, 4 y 13 del año 2014 que se hicieron en el marco del plan Techo Digno que se financia con recursos nacionales. El proceso se realizó con aporte de terreno, es decir las empresas constructoras ofrecieron los lotes para construir los barrios y el IPV se los compró a las que resultaron adjudicatarias de las obras.

Las fuentes revelaron que una constructora pagó un terreno a 2 millones de pesos para entrar a la licitación y apenas unos días después, el organismo estatal le adjudicó las obras y se lo compró a 4 millones, o sea un 100 por ciento más. También, contaron, hay un caso de un inmueble que la empresa lo compró a 1,5 millones de pesos y el organismos estatal lo tomó a 5 millones, es decir un 233 por ciento extra.

La investigación apunta a los delitos de defraudación contra el Estado nacional y lavado de dinero. En los tribunales federales se preguntan cómo fue que el IPV pagó tanto y miran a funcionarios y empresarios por presuntas complicidades. Si bien todavía no han surgido nombres, los antecedentes del IPV indican que las empresas que fueron adjudicatarias en las tres licitaciones son Perfil, Borrego, Senda, Eduardo Suárez, Sigma, Senco, Panacam, Construcciones SAT, Nacusi, Cicom, Galvarini, DAZ, Construcciones Industriales, Terusi, Conicom, Scop, Mapal, Valdivieso, Diamante Giuliani, Enrique Bilbao y la UTE de SAV y Construáridos.

Las fuentes advirtieron que también revisarán el valor que se pagó por las viviendas. Las tres licitaciones fueron por 2.231 casas que están divididas en los 31 barrios que están pendientes de entrega en Rawson, Chimbas y Pocito. A su vez, están dentro del lote de más de 3.000 que la administración giojista encaró para todo el Ggran San Juan y el departamento del Sur, que fueron sorteadas en octubre de 2015 entre las familias que están inscriptas en el IPV.

La causa salió a la luz el miércoles por un operativo que realizó la Policía Federal en el IPV por orden del juez federal Miguel Gálvez, que está subrogando en el caso en lugar de su colega Leopoldo Rago Gallo, para secuestrar documentación. La misma se refiere a las tres licitaciones, los convenios firmados con la Nación por el plan Techo Digno y a las resoluciones de adjudicación a las empresas que trabajan en los 31 barrios.

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