Así fueron las operaciones de terrenos sospechadas

Por Leonardo Domínguez - Diario De Cuyo
Prueba clave. La Policía Federal secuestró la semana pasada documentación del IPV referida a las tres licitaciones investigadas. Allí constan los convenios con la Nación por el plan Techo Digno y las adjudicaciones.

Ayer se conocieron más datos de la causa que instruye la Justicia Federal para averiguar si en el plan de casas Techo Digno que ejecutó la administración anterior hubo sobreprecios en la compra de terrenos por parte del IPV. Las operaciones que están en la mira son 16 y de comparar lo que pagaron las empresas constructoras y el valor al que le vendieron días después los mismos inmuebles al organismos estatal, surgen diferencias que van desde el 31 a un increíble 639 por ciento. Dos constructores negaron estar involucrados y explicaron a qué se puede atribuir la situación. 

Las operaciones están siendo investigadas en una causa que se disparó por una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). En base a la documentación que aportó la unidad nacional y la que fue secuestrada la semana pasa en el IPV, la Justicia Federal intenta determinar si se pagaron sobreprecios por terrenos que fueron aportados por las empresas en tres licitaciones para hacer casas en Chimbas, Rawson y Pocito. 

Los procesos se llevaron a cabo y se resolvieron entre 2014 y 2015 y fue con provisión de terreno: las empresas cotizaron el valor de las casas a construir y de un inmueble que aportaban para hacer las mismas y si el Estado evaluaba que era conveniente, les adjudicaba las obras y les compraba el terreno. 

Lo que llamó la atención de la Justicia es que el IPV tomó inmuebles mucho más caro de lo que las constructoras lo pagaron originalmente. La semana pasada trascendió que hizo frente hasta a un 233 por ciento más, pero ayer se supo que la brecha fue mucho más abultada en un caso. 

Fuentes calificadas confiaron las cifras de todas las transacciones en la mira, aunque sin precisiones de ubicación de los inmuebles ni nombre de la firma protagonista. En la más sorprendente, la empresa le compró el terreno a un privado a 350.000 pesos y después se lo vendió al IPV a 2.588.000, es decir a un 639 por ciento extra.

Los investigadores se preguntan por qué el organismo abonó semejante diferencia. Más cuando, según las fuentes, entre la compra y la venta transcurrieron apenas unos días.

En la segunda de mayor diferencia, una constructora compró el terreno a 985.000 pesos y el Estado lo tomó a 3.535.000 (258 por ciento). Sigue una operación que una empresa realizó por 1.732.000 pesos y después vendió a 5.135.000 (196 por ciento). Y hay otra que se hizo a un 150 por ciento más, que salta de comparar los 2.373.000 pesos que desembolsó la compañía y los 5.950.000 que luego puso el IPV por el mismo terreno. 

En el otro extremo, hay diferencias más exiguas. La menor fue por un inmueble que una constructora pagó a 1.800.000 pesos y lo vendió a 2.358.000 (31 por ciento). Y otra se hizo por un pago inicial de 4.812.000 y uno final de 6.899.000 (43 por ciento).

Las restantes 10 transacciones tienen una disparidad que va del 44 al 117 por ciento. El saldo más abultado a valores nominales es de 4.257.000 pesos y equivale a un 69 por ciento más pagado por el Estado, producto de que el empresario adquirió el terreno a 6.152.000 pesos y lo comercializó a 10.209.000. 

Las 16 operaciones inmobiliarias corresponden a 10 compañías cuyos nombres aún no trascienden. Lo que sí se sabe es que entre todas suman una diferencia superior a los 37 millones de pesos.



Constructores



En las tres licitaciones que se investigan participaron 21 empresas, pero la Justicia Federal pasó el filtro y quedaron bajo la lupa sólo 10. A ellas corresponden las 16 operaciones cuestionadas.

El empresario César Borrego, que aparentemente no está entre los investigados, negó una anomalía en su caso y explicó que las diferencias se pueden atribuir al costo que les implica a las empresas hacer el proyecto sobre el terreno que compran (incluye redes de agua y gas, movimientos de suelo, terraplenes, entre otras cosas), la limpieza del mismo y la doble escrituración. Además, aclaró que el precio de venta está a tono con el que fija el Tribunal de Tasaciones. Eso sí, señaló que la brecha de sus operaciones “no llegan al 20 por ciento”.

Fernando Suárez, de la firma Perfil, dio las mismas razones y aseguró que el sistema aplicado en San Juan es “muy transparente”. Y sobre las abultadas diferencias dijo que no puede opinar de algo que no ha visto, pero no descartó que existan.