El intendente de Caucete, salpicado por el caso AFIP

Habría pagado facturas truchas que provienen de las usinas que están bajo investigación judicial.WALTER RIOS - Diario de Cuyo
En el escandaloso caso donde se investiga una asociación ilícita que vendía créditos fiscales y borraba deudas impositivas de contribuyentes en la AFIP salieron a la luz pruebas que dejan en una situación delicada al intendente Julián Gil. Una serie de escuchas telefónicas revelan que un proveedor le pidió facturas apócrifas por miles de pesos al presunto cabecilla de la red delictiva para justificar gastos de la actual gestión caucetera. Casualmente el operador es Pedro Rodrigo Bustos, quien está señalado por la oposición departamental de hacer uso de una relación con el jefe comunal para concretar negocios ilegales. Paralelamente y en forma coincidente, hay constancias de que la comuna recibió facturas de empresas fantasmas que están en la mira de la Justicia Federal en el mismo proceso.
En el escandaloso caso donde se investiga una asociación ilícita que vendía créditos fiscales y borraba deudas impositivas de contribuyentes en la AFIP salieron a la luz pruebas que dejan en una situación delicada al intendente Julián Gil. Una serie de escuchas telefónicas revelan que un proveedor le pidió facturas apócrifas por miles de pesos al presunto cabecilla de la red delictiva para justificar gastos de la actual gestión caucetera. Casualmente el operador es Pedro Rodrigo Bustos, quien está señalado por la oposición departamental de hacer uso de una relación con el jefe comunal para concretar negocios ilegales. Paralelamente y en forma coincidente, hay constancias de que la comuna recibió facturas de empresas fantasmas que están en la mira de la Justicia Federal en el mismo proceso. 

La noticia representa un verdadero cimbronazo en la administración de Gil. La sospecha que reina en la Justicia, según fuentes calificadas, es que se pagaron facturas truchas para que las cuentas cerraran o que directamente se desviaron fondos por trabajos que no se hicieron. Según se desprende de parte de las escuchas a las que accedió en exclusiva DIARIO DE CUYO (ver aparte), Bustos mandó a hacer comprobantes por 223 mil pesos. Pero no es todo, dado que en la causa consta que 2 contribuyentes (Claudio David Díaz Tascheret y Javier Taillant), sospechados de tener empresas fantasmas, denominadas usinas de facturas, emitieron boletas falsas a la comuna por un total de 315.518 pesos.

La causa en la que figura Bustos y salpica a Gil nació tras una denuncia del organismo fiscal en 2009, en la que el juez federal Lepoldo Rago Gallo está investigando una banda dedicada a cometer delitos fiscales. El supuesto líder de dicha organización es Cristian Olmos, quien en las escuchas que se registraron en febrero entabla las negociaciones con Bustos. Este último está en el ojo del huracán debido a que tiene múltiples denuncias por estafas y desde la oposición caucetera vienen marcando una extraña relación con el jefe comunal. De hecho, Gil reconoció que lo contrató para hacer la estructura de la pantalla de la diagonal, bacheos y prestar servicios de seguridad en la fiesta departamental de la Uva y el Vino, aunque negó otro tipo de lazo personal o comercial.

Por la causa de la AFIP, Bustos no está imputado, pero según las fuentes podría quedar bajo la lupa como presunto partícipe de la red delictiva bajo investigación. Es que sin rodeos le pide a Olmos que le haga facturas apócrifas. Además de esa movida, tanto en la Justicia como en la AFIP llama la atención la informalidad y la arbitrariedad con la que se impusieron los montos, por lo que interpretan que sería una maniobra con la única finalidad de justificar gastos que no habrían tenido su correlato en los trabajos y servicios contratados.

Un dato comprometedor es el que surgió de la interpelación a la que fue sometido el intendente justamente por su vínculo con Bustos. Entre las contrataciones que Gil reconoció que le encomendó al sospechoso, aparece la de brindar seguridad en la fiesta departamental, justamente, el trabajo por el que el mismo Bustos pidió una factura apócrifa. De mínima, la situación revela una irregularidad administrativa, ya que el que presta el servicio es el que debe facturar, requisito que el municipio debería haber observado.

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