Juez federal rastrea datos por el caso Arzobispado

Rago Gallo abrió la investigación y envió oficios al Vaticano, la AFIP y distintas entidades bancarias.
El juez Leopoldo Rago Gallo hizo lugar al pedido fiscal de instruir una causa por un presunto lavado de dinero y evasión impositiva por parte de la cúpula de la Iglesia sanjuanina y como primer paso, dispuso una batería de oficios. Mandó a pedir informes a bancos, organismos oficiales y hasta la Santa Sede, con el objetivo recabar pruebas que indiquen si desde la curia ingresaron o no fondos al país sin declararlo a la AFIP. La investigación se disparó por los dichos de Juan Brozina, el exadministrador del Arzobispado que está procesado en los tribunales provinciales por quedarse con plata de la entidad religiosa.
Por Leonardo Domínguez - Diario De CuyoEl juez Leopoldo Rago Gallo hizo lugar al pedido fiscal de instruir una causa por un presunto lavado de dinero y evasión impositiva por parte de la cúpula de la Iglesia sanjuanina y como primer paso, dispuso una batería de oficios. Mandó a pedir informes a bancos, organismos oficiales y hasta la Santa Sede, con el objetivo recabar pruebas que indiquen si desde la curia ingresaron o no fondos al país sin declararlo a la AFIP. La investigación se disparó por los dichos de Juan Brozina, el exadministrador del Arzobispado que está procesado en los tribunales provinciales por quedarse con plata de la entidad religiosa. 

Por el momento, en la causa no hay imputados ni nadie que esté siendo investigado con nombre y apellido. No obstante, Brozina señaló en su declaración a monseñor Alfonso Delgado y otros curas que responden a él como los que, a espaldas del organismo recaudador nacional, traían a la Argentina dinero que el Arzobispado tenía en cuentas del Vaticano y el banco Santander Internacional Miami, para cambiarlo después en el mercado paralelo. 

Luego de que el exadministrador ratificara su denuncia, el fiscal Francisco Maldonado pidió la apertura de un proceso judicial y Rago Gallo se hizo eco. Antes que nada, el magistrado ordenó medidas previas para recabar evidencia documentada que podría ser clave para determinar si los hechos existieron y avanzar contra los supuestos autores o desechar el planteo de Brozina. 

Según fuentes vinculadas a la causa, entre otras instituciones, Rago Gallo les pidió datos al banco de la Santa Sede (IOR), la sucursal provincial del banco Santander, el Banco Central, Migraciones, Aduana, AFIP y la Conferencia Episcopal. Si bien no trascendió qué tipo de información les solicita, apunta a saber si hubo extracciones de las cuentas que el Arzobispado tiene el exterior, si hay constancias de viajes de integrantes de la Iglesia a los lugares donde están esas entidades bancarias y si se hicieron declaraciones ante la AFIP por eventuales sumas ingresadas al país. 

De acuerdo al libreto de procedimiento penal, Rago Gallo puede imputar y llamar a prestar declaración indagatoria a los sacerdotes si encuentra elementos objetivos que abonen el relato de Brozina. Y si no aparece nada, el expediente de la denuncia se encaminaría a terminar en el archivo de la Justicia Federal y el exadministrador quedaría expuesto a ser demandado por los curas que sientan afectados su nombre y honor por la denuncia.

La causa que se tramita en el juzgado de Rago Gallo tiene su raíz en otra que se está sustanciando en la Justicia provincial (ver Cronología). Es la que surgió por una denuncia que hizo Delgado contra Brozina y Darío Tapia (extesorero del Arzobispado) por un faltante de una jugosa suma de dinero. Los dos están procesados por el delito de administración fraudulenta, pero el exadministrador se defendió imputándole serias irregularidades al jefe de la Iglesia sanjuanina. Una de ellas fue la presunta evasión, por lo que el juez Benedicto Correa giró las actuaciones a la Justicia Federal ya que se trata de un delito que sólo se puede investigar en ese fuero.