EX INTENDENTE DE RIVADAVIA QUIERE DINERO POR SUS VACACIONES

SIN VOCACIÓN DE SERVICIO: PARA COLMO PEDIRÁN OTROS EX FUNCIONARIOS LO MISMO Y CASI 300 MIL PESOS DEBERÁN SALIR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS.
El intendente Martín dice que no corresponde porque hay un decreto municipal que lo prohíbe.
IRÁN A LA JUSTICIA

Rivadavia: Ana María pide que le paguen vacaciones

El intendente Martín dice que no corresponde porque hay un decreto municipal que lo prohíbe.Por Claudio Leiva - Diario De CuyoUn día antes de dejar la Intendencia de Rivadavia, el 9 de diciembre del año pasado, Ana María López de Herrera firmó un decreto disponiendo el pago de las vacaciones no gozadas de la planta política del municipio, ella incluida. Ahora, Fabián Martín, a cargo de la comuna, dice que no correspondió hacerlo porque hay un decreto municipal que lo prohíbe. Por eso, anuló ese desembolso y, en cambio, imputó el dinero a compensar la cancelación del medio aguinaldo y de los 10 días del último mes del año. Molesta con la actitud, porque sostiene que “corresponde” abonar la licencia que no se tomaron, la actual directora de la Casa de San Juan en Buenos Aires dijo que va a recurrir a la Justicia y junto a ella también lo harán la mayoría de los exfuncionarios. En su caso particular, reclama un total de 30.217,12 pesos.

Como ya ocurrió en las urnas en octubre del año pasado, el tema del pago de haberes vuelve a enfrentar ahora a dos dirigentes rivadavienses. En juego hay 296.000 pesos, según fuentes del municipio, que corresponden al pago de vacaciones del 2015 que no se tomaron 21 exfuncionarios, entre los que está también la expresidenta del Concejo Deliberante, Adriana Catraro. 

La cancelación de la licencia anual del 2015 de la planta política de la administración de López de Herrera se instrumentó mediante el decreto 2941 y fue por 455.925 pesos. Mediante otro decreto, el intendente Martín anuló ese pago y, en cambio, hizo figurar que se les había cancelado el medio aguinaldo y los 10 días trabajados de diciembre. El argumento fue una ordenanza municipal que señala en sus artículos 49 y 50 que a la planta política del municipio les corresponde, cualquiera sea su antigüedad en el cargo, una licencia anual de 15 días corridos, pero que si la persona no se la toma no tendrá derecho “a reclamar indemnización o compensación económica alguna”. En este caso, los exfuncionarios no gozaron del descanso anual porque ya terminaba la gestión y por eso el jefe municipal entiende que no había que pagar.

Con ese argumento, el jefe comunal aprovechó para hacer el cambio de concepto de las sumas abonadas.

Enterados de la situación, 21 de los exagentes comunales, con Ana María a la cabeza, han agotado la instancia administrativa y ahora preparan la vía judicial. “Nosotros no tuvimos vacaciones y corresponde que ahora se paguen”, justificó López de Herrera.

Lo que se viene ahora será una demanda civil para que el municipio se haga cargo del pago de las vacaciones que los exfuncionarios municipales no llegaron a tomarse porque el cambio de gobierno tuvo lugar el 10 de diciembre y, en la práctica, no les permitió hacer uso de ese beneficio, que también tiene cualquier empleado en la actividad privada.

En la vereda de enfrente, Martín sostuvo que “las vacaciones estaban mal liquidadas y no había que abonarlas”.

López de Herrera y Martín son dos viejos rivales en la política rivadaviense. Se enfrentaron en las urnas en 2011 y la mujer, que tiene su propio partido, el Popular Participativo, se alzó con el triunfo. Pero en las elecciones del año pasado, Martín, que milita en las filas de Producción y Trabajo, tuvo la revancha.

Pero la transición no fue sencilla. Apenas llegó al puesto, en diciembre, el nuevo intendente anunció que entre sus primeras medidas iba a dejar sin efecto los nombramientos de contratados que su antecesora había hecho antes de dejar el puesto. Y adelantó su intención de reducir la planta política para bajar el gasto. El tema que los tuvo también enfrentados fue la construcción de un Centro Integrador Comunitario (CIC) en la Villa Seminario. Según la nueva administración, no estaba claro el destino de materiales que se habían adquirido para supuestamente adelantar la obra, pero que tenía muy poco grado de avance. Por el tema, incluso Martín creó por decreto una comisión para que investigue la edificación del CIC y la compra de materiales que, supuestamente se habían pagado, pero que no aparecían por ningún lugar.

Desde diciembre, Ana María está al frente de la Casa de San Juan en Buenos Aires y desde el puesto sigue vinculada a la actividad política y en particular al PJ, que desde ayer preside a nivel nacional José Luis Gioja.

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