Rechazaron jury a 2 jueces por la fuga de represores

El Consejo de la Magistratura determinó que Rago Gallo y Gálvez no tuvieron ninguna culpa.Por Walter Rios - Diario De Cuyo
El Consejo de la Magistratura determinó que Rago Gallo y Gálvez no tuvieron ninguna culpa.
Los jueces federales de San Juan, Miguel Ángel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo, no tuvieron ninguna responsabilidad en la fuga de los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, ocurrida el 25 de julio de 2013. A esa conclusión llegó el Consejo de la Magistratura de la Nación, que por amplia mayoría decidió la semana pasada rechazar la denuncia que apuntaba a la destitución de los magistrados. De esa forma, sólo sigue en pie la investigación judicial sobre el accionar negligente o la supuesta complicidad de quienes se encargaron de la custodia de los 2 condenados por aberrantes delitos de lesa humanidad que se escaparon del Hospital Militar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde habían pedido el traslado para atenderse de supuestas dolencias.

La fuga no sólo causó una gran conmoción en la provincia sino también a nivel nacional. Olivera y De Marchi lograron evadirse a 21 días de haber sido condenados por delitos cometidos en San Juan durante la última dictadura militar. El primero era el jefe de Inteligencia del aparato represivo local y recibió un castigo de prisión perpetua, mientras que al segundo le aplicaron una pena de 25 años de cárcel. El escape dejó al descubierto las fallas de seguridad en el Hospital Militar porteño y la revelación de que los represores contaban con logística y recursos, más las deficiencias en la custodia (Ver recuadro).

La lupa también se posó sobre el accionar de los jueces federales a instancias de un planteo que elevaron al Consejo de la Magistratura el fiscal subrogante ante la Cámara de Apelaciones de Mendoza, Dante Vega, y la por entonces fiscal subrogante de primera instancia Katia Troncoso, que cuestionaron que accedieran a los pedidos de traslados de los condenados.

Rago Gallo es el titular del Juzgado Federal Nº2 y fue el encargado de investigar y procesar a los 2 represores. Por su parte, Gálvez está al frente del Juzgado Nº1 y lleva adelante las causas civiles, pero reemplazó a su colega durante el receso invernal, en la llamada feria judicial. El primero autorizó que De Marchi fuera derivado por razones familiares y de manera temporal desde el penal de Chimbas al de Marcos Paz, en Buenos Aires, y en base a informe médicos dio el OK para que lo atendieran en el Hospital Militar. También dio el visto bueno para que Olivera sea trasladado al mismo complejo penitenciario. En cuanto a Gálvez, en su rol de juez durante la feria, libró los oficios para que los dos fueran llevados al centro de salud.

La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura concluyó que “no existe irregularidad alguna en la conducta de Rago Gallo que pudiera configurar falta disciplinaria ni causal de remoción” (Ver La resolución...). En cuanto a Gálvez, se consignó que “tampoco merece reproche alguno la fugaz intervención que tuvo”, ya que “se limitó a disponer traslados puntuales (fundados en razones de salud) y siguiendo el criterio asumido por la instrucción”. Y ese dictamen fue convalidado por una amplia mayoría del plenario.

En el proceso intervino el senador Ruperto Godoy, miembro del Consejo de la Magistratura, quien impulsó la destitución de sus comprovincianos y después pidió que sean multados con el 30% del sueldo. Pero la mayoría del cuerpo colegiado no se hizo eco de esos planteos y coincidió en la inocencia de los jueces.

Troncoso había cuestionado que los jueces no notificaran los traslados al Ministerio Público y al Tribunal Oral Federal, que fue quien los condenó y que también los tenía bajo su disposición. Sin embargo, el dictamen de la Comisión indicó que no tenían la obligación de informarle a la Fiscalía Federal y consideró que no era necesario que Rago Gallo le hiciera saber de los traslados al Tribunal de juicio porque al autorizarlos, lo hizo en base a los antecedentes del mismo cuerpo.

La fiscal había sido crítica de las autorizaciones de Rago Gallo, pero en la resolución se le reprochó por qué no las cuestionó en su momento. El dictamen remarca que el permiso que otorgó el magistrado para que los represores estuvieran en el penal bonaerense era temporal. Además, una de sus funcionarias llamó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) y le remarcó la “transitoriedad del alojamiento”, ya que terminados los estudios médicos debían volver a la cárcel de Chimbas. La Comisión señala que la responsabilidad de la fuga está en los penitenciarios y en las eventuales complicidades en el Hospital Militar. Por la causa, están procesados directores y agentes del SPF.
 Recapturado:  El 4 de diciembre del año pasado, Gustavo De Marchi fue recapturado. Efectivos de la Policía Federal lo identificaron en la calle, cuando caminaba cerca de la casa de una de sus hermanas, en el Barrio de Almagro, en Capital Federal. Tras su detención, fue trasladado a San Juan y en la Justicia lo están investigando por una nueva causa, el homicidio de Nicolás Farías en 1976. El que sigue prófugo es Jorge Olivera. Tras el escape, salió a la luz que el exmilitar tenía un fideicomiso al que alimentaba con millonarios honorarios que cobraba de juicios contra el Estado. La gestión kirchernista lo congeló porque sostuvo que era su fuente de financiamiento. Por otro lado, se descubrió que el Hospital Militar (de donde escaparon) no tenía cámaras de seguridad ni ningún tipo de control.