Escándalo en un acto oficial por el acuerdo del mosto San Juan - Mendoza

Una reunión en Casa de Gobierno de Mendoza, donde se debatía el futuro del acuerdo por el mosto entre San Juan y Mendoza entre legisladores y Cámaras vitivinícolas, terminó en un verdadero escándalo, según informa el Diario Los Andes. Hubo chicanas, acusaciones cruzadas y hasta una invitación a pelear.
La idea del ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Enrique Vaquié, había sido generar una reunión el jueves con legisladores provinciales y varias Cámaras vitivinícolas para evaluar el futuro del acuerdo Mendoza - San Juan. Sin embargo, la reunión se desmadró y terminó en guerra, según informa el Diario Los Andes.


Éste es el artículo periodístico publicado en la edición impresa:

La idea del ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Enrique Vaquié, había sido generar una reunión el jueves con legisladores provinciales y varias Cámaras vitivinícolas para evaluar el futuro del acuerdo Mendoza - San Juan. Sin embargo, la reunión se desmadró y terminó en guerra, según informa el Diario Los Andes.


Es que tras la decisión de los gobiernos de no firmar un acta acuerdo complementaria que estableciera un cupo a diversificar a mosto, las posiciones antagónicas sobre la herramienta recrudecieron hacia el interior de la vitivinicultura.

Así las cosas, ayer se reunieron en la Casa de Gobierno representantes de Bodegas de Argentina, Unión Vitivinícola Argentina (UVA), Cámara de Exportadores de Mosto, Asociación de Viñateros de Mendoza, Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Aproem y Acovi, entre otros.

Además, estuvieron presentes los diputados provinciales Marcos Niven (PD), Pablo Priore (Pro) y Ricardo Mansur (UCR), quienes tienen un proyecto de ley en marcha que pretendería ingresar modificaciones a la Ley 6.216 que establece mecanismos de diversificación para la producción vitivinícola.

En el salón de acuerdos del sexto piso de Casa de Gobierno, las posiciones terminaron radicalizándose entre los que están a favor y los que se muestran en contra de los resultados que ha tenido el acuerdo. Por lo tanto, la charla derivó en acusaciones cruzadas, viejas rencillas y chicanas de todo tipo, según contaron a Los Andes varios protagonistas del espacio.

Sergio Villanueva, gerente del Fondo Vitivinícola, el organismo público no estatal que administra la Ley 6.216 y gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), sostuvo que "la posición de nuestra entidad es claramente de apoyo y trabajo permanente en esta herramienta que tiene una gran virtud, no tiene costo fiscal y -bien aplicada como se ha hecho este año- permite al sector autorregularse y promocionar una salida hacia una vitivinicultura cercana a los mercados y sustentable. Es obvio que esto provoca el enojo y la molestia de los que propugnan hacer vino de más y que sea el Estado, con el dinero de los ciudadanos, quien financie a estos sectores”.

El acuerdo San Juan - Mendoza, establece un procedimiento de diversificación obligatoria que durante más de 20 años se ha efectivizado destinando un porcentaje a mosto. Este requerimiento se puede cumplir efectivamente, es decir, -hasta ahora produciendo mosto- se puede compensar por medio de exportaciones, ya que con este mecanismo también cumple con el objetivo de retirar vino del mercado interno. A quienes incumplen con la normativa se les imponen multas.

Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina, dejó en claro la postura de la entidad y aseguró: "Creemos que hay que modificarlo, porque la realidad es diferente. Lo que pasaba hace 20 años no es lo que sucede ahora. Los mercados cambiaron, por lo tanto, el acuerdo se tiene que actualizar. Lo que tenemos que hacer es reunir los equipos técnicos”.

La situación se tensó tanto que, en medio de la reunión, Javier Palau y Mauro Sosa, presidente y gerente respectivamente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, se retiraron.

Sosa estimó que no pudieron presentar su propuesta por las "barbaridades” en las que devino la conversación. En este sentido, esta entidad ya había presentado al gobernador Alfredo Cornejo un escrito por el que se solicitaba la derogación del acuerdo y proponía un nuevo régimen de diversificación.

Por su parte, Gabriela Lizana, de Aproem, indicó: "nosotros hemos planteado realizar un estudio a fondo sobre la Ley en sí, que lleva más de veinte años de vigencia. Por lo tanto, hemos propuesto la derogación de esa Ley para remplazarla por otro instrumento de regulación del mercado, más acorde a la coyuntura actual”.

Agregó: "nosotros queremos sentarnos a discutir con las demás entidades para tener un instrumento que regule a la vitivinicultura. Está absolutamente probado por el desastre que hay en la zona Este que de ninguna manera este acuerdo cumple con los objetivos para los que fue formado. Nos parece sumamente oportuno rever de qué manera el Estado va a intervenir con una política de regulación”

Por su parte, Sergio Colombo, de la Cámara de Exportadores de Mosto, indicó que "la posición que tenemos sobre el acuerdo, es que todo es perfectible, pero no vamos a negar que esta herramienta es la mejor que hemos tenido en la historia de la vitivinicultura. El acuerdo tiene que seguir”.

Entre gritos e invitaciones a "ir afuera

En el sexto piso de la Casa de Gobierno, la batalla fue épica. Al menos así la calificaron algunos de sus protagonistas. Es que durante la acalorada discusión (por momentos se escuchaban los gritos desde afuera) sobre si es necesario modificar o no la Ley provincial 6.216, que establece mecanismos de diversificación para la producción vitivinícola, un conocido dirigente gremial de la industria vitivinícola habría ofrecido piñas a un diputado provincial y el ministro Enrique Vaquié intervino cual árbitro de cuadrilátero en el asunto, con el fin de enfriar el clima de la reunión.

Así lo confirmó Ricardo Mansur, quien aseguró que "había sido invitado afuera” por Sergio Villanueva, de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA). "Para describir esta situación le voy a decir esto: cómo será el charco que el gato lo cruza al trote. La verdad es que me pregunto en qué hemos puesto interés porque realmente las reacciones de la gente de la UVA fueron desmedidas”.

Agregó: "Nosotros -por Niven y Priore- buscamos aggiornar el acuerdo Mendoza - San Juan y quiero que quede claro que no lo queremos derogar. Es una herramienta que tiene más de 20 años por lo que necesita ser revisada. Eso es lo que planteamos y con ese espíritu fuimos a la reunión. Sin embargo, nos encontramos con un ambiente de intolerancia muy grande. Casi no había abierto la boca y me acusaron de dejar a Rivadavia fundido (Mansur fue intendente de ese departamento) y si hay algo de lo que me enorgullezco es de haber dejado un municipio con cuentas sólidas. La discusión siguió y se nos acusó que los dirigentes del Este, presentes, no teníamos el nivel para discutir este tema”.

El diputado Pablo Priore también corroboró los dichos de Mansur sobre el nivel de belicosidad de la conversación y estimó que "hay algunas personas que no entienden que lo que uno quiere es colaborar para mejorar el sector. Tal vez se han sentido atacados cuando se plantea modificar la ley.

Sergio Villanueva estimó que "el diputado Mansur está en todo su derecho, y debe hacerlo por escrito. Las entidades que se sientan a la mesa del Fondo también tienen derecho a expresar sus discrepancias y encontrar los consensos. Ni un legislador es el dueño de lo público, sobre todo cuando tiene intereses en la industria, ni el sector puede negarle el derecho a opinar. Obviamente que las formas importan, como lo hace con todo respeto el diputado Marcos Niven, quien también aporta discrepancias pero dentro de un marco de diálogo y democracia”.


(Fuente: Los Andes)

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