El asesinato de Rojas está otra vez bajo la lupa

El juez Rago Gallo consideró que fue un delito de lesa humanidad y dispuso investigar el hecho.Por Claudio Leiva - Diario De Cuyo
El asesinato de Rojas está otra vez bajo la lupa

En la madrugada del 3 de noviembre de 1975, el entonces diputado nacional Pablo Rojas era brutalmente asesinado de dos balazos en la cabeza por un grupo de sicarios que, según se demostró después en un juicio, habían sido contratados por dirigentes de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas (FOEVA). Ahora, casi 41 años después, la Justicia Federal dispuso investigar nuevamente el crimen porque existe la convicción de que participaron integrantes de la violenta agrupación de extrema derecha conocida como Concertación Nacional Universitaria (CNU), lo que permitió determinar que fue un delito de lesa humanidad y que, a pesar del paso de los años, todavía no ha prescripto.

El origen del cambio de situación fue un planteo del hijo de Rojas, el abogado Mario Alberto Rojas Parrado, hermano del exgobernador Juan Carlos Rojas, quien pidió que se recalificara la conducta atribuida a los autores y cómplices del asesinato y que haya una nueva investigación, debido a que varios presuntos partícipes de la brutal muerte habrían logrado eludir, hasta ahora, su responsabilidad en el hecho. Los que podrían se condenados ahora por su participación en la muerte del exdiputado nacional del Frente Justicialista de Liberación Nacional (Frejuli) son Mario Ernesto Durquet, Gustavo Modesto De Marchi y Fernando Federico Delgado. Los dos primeros están siendo sometido a juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro 1 de Mar del Plata, acusados de haber cometido crímenes como homicidios y privación de la libertad de personas entre 1974 y 1976. Y Delgado, que también integró la CNU, está prófugo de la Justicia y con un ofrecimiento de recompensa de 500.000 pesos para quienes aporten datos para su detención.

Tras un pedido del Ministerio Público Fiscal, el que tomó la decisión de investigar fue el juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien ya dispuso las primeras medidas para instruir una nueva causa. Por ejemplo, ya se pidieron copias certificadas al Juzgado de Instrucción Nro 3 de Mar del Plata de todos los antecedentes de Durquet, Delgado y de De Marchi, presuntos integrantes de la CNU, que funcionó como apéndice de la Triple A en Mar del Plata durante los años de plomo (ver aparte). También se ha requerido, vía exhorto, una declaración testimonial a un testigo reservado a un juzgado de Buenos Aires. La que está a cargo de estas diligencias es Laura Farina, a cargo de la Secretaría Penal Nro 4.

Una vez cumplidos estos trámites, vendrá el pedido de indagatoria, por ahora, a dos de los imputados porque el tercero está prófugo. El juez tiene tres opciones, la primera es pedir que los trasladen a San Juan para indagarlos acá, puede solicitarle a otro magistrado de la jurisdicción donde se encuentran que los interrogue o puede preguntarles sobre los hechos que les imputan por videoconferencia.

El crimen tuvo origen en que Rojas era un político y gremialista vinculado al sector vitivinícola quien, desde su banca, promovía la sanción de una ley para fomentar el envasado de vinos en origen. Pero la iniciativa resultaba perjudicial a los intereses de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas (FOEVA), cuyo secretario general adjunto era Delfor Ocampo. Era porque interpretaban que, de sancionarse la ley, iban a perder afiliados y por ende poder en las grandes capitales, sobre todo en Buenos Aires, donde había plantas fraccionadoras que envasaban el vino que salía a granel de San Juan. En un juicio escrito, que concluyó el 26 de febrero de 1982, el juez federal Mario Gerarduzzi condenó a Fernando Alberto Otero como autor material del homicidio, y a Ocampo como ideólogo y encargado de pagar para que mataran al dirigente sanjuanino. También fue condenado Juan Ramón Baigorria a 2 años de prisión en suspenso por haber usado dinero del gremio para la maniobra. Y si bien se sospechaba que había más involucrados, nunca los encontraron. Es lo que ahora investigará la Justicia Federal.

En el caso de De Marchi, que es primo del exmilitar que se fugó del Hospital Militar Central y que fue recapturado, se tuvo en cuenta que en el interior de un auto que sirvió de apoyo en el crimen, se encontraron trozos de una tarjeta personal que le pertenecía.