Arzobispado: Brozina se defiende con otra bomba

Dio nombres de curas que recibían ayudas de monseñor. Habló de relaciones prohibidas y evasión.
Por Leonardo Domínguez - Diario De Cuyo

“Nadie sabe hasta dónde puede llegar esto”, dijo hace poco un avezado abogado al ver la escalada en la que entró el sonado caso del Arzobispado. Tenía razón. Juan Brozina, que está procesado en la causa como sospechoso de desviar dinero de la entidad, amplió ayer su indagatoria y prendió el ventilador con el relato de nuevos hechos escandalosos que supuestamente tienen como protagonistas a Alfonso Delgado y curas que están o estaban bajo su protección. El contador contó que el obispo dispuso pagos para solucionar problemas de sacerdotes que tenían “hijos, novias” y cubrir faltantes en parroquias o colegios dirigidos por amigos, que hizo negocios oscuros y detalló esas maniobras con nombre y apellido. Además, aseguró que el propio monseñor y algunos religiosos de confianza viajaban al exterior para traer dólares en forma clandestina. 
“Nadie sabe hasta dónde puede llegar esto”, dijo hace poco un avezado abogado al ver la escalada en la que entró el sonado caso del Arzobispado. Tenía razón. Juan Brozina, que está procesado en la causa como sospechoso de desviar dinero de la entidad, amplió ayer su indagatoria y prendió el ventilador con el relato de nuevos hechos escandalosos que supuestamente tienen como protagonistas a Alfonso Delgado y curas que están o estaban bajo su protección. El contador contó que el obispo dispuso pagos para solucionar problemas de sacerdotes que tenían “hijos, novias” y cubrir faltantes en parroquias o colegios dirigidos por amigos, que hizo negocios oscuros y detalló esas maniobras con nombre y apellido. Además, aseguró que el propio monseñor y algunos religiosos de confianza viajaban al exterior para traer dólares en forma clandestina.
Brozina es el exadministrador del Arzobispado y junto a Darío Tapia, que era el tesorero, fue denunciado por monseñor por una faltante de entre 500 mil y 700 mil pesos. El juez Benedicto Correa los procesó el lunes por el delito de administración fraudulenta, al considerar que está probado que el contador transfirió plata de la institución a su propia cuenta y que el tesorero se quedó con parte del dinero de la limosna que rendían las parroquias (ver página 3).

En la indagatoria que le tomaron el mes pasado y en una entrevista que le dio a este diario, el exadministrador había formulado duras acusaciones contra monseñor: además de asegurar que no se quedó con plata ajena, dijo que el obispo le pidió que transfiriera plata a su cuenta, que la sacara y que se la entregara para darles ayudas a curas a cambio de apoyo y hacer pagos que tenían un destino escandaloso. En ese entonces evitó hacer nombres y adelantó que iba a dar más detalles cuando ampliara su declaración.

La ampliación ingresó ayer por escrito al Juzgado de Instrucción Nº 4. En la misma, entre otras cosas que alimentan el escándalo, por primera vez Brozina da nombres, habla de curas que no cumplían el celibato y asegura que el obispo usó el dinero para tapar todo.

El contador cuenta en el escrito que cuando le pidió explicaciones por el uso de los fondos, el obispo le respondió que “era para pagar problemas con sacerdotes que tenían hijos, novias o faltantes en colegios o parroquias”. Y agrega que en esa ocasión, le hizo conocer que entre los religiosos complicados se encontraban Armendariz, Ariel Ayala y el vicario Román Becerra.

¿Cuáles eran esas complicaciones? Según el documento, la situación de Armendariz está comprobada ya que “dejó el sacerdocio, está en pareja y visita a sus hijos en Mendoza”. Y sobre Becerra, que vivía en el Arzobispado, Brozina sostiene que Delgado “tuvo que mudarlo” porque “mantenía una relación sentimental” con alguien de ese lugar.

Otro que dice que se vio beneficiado por los pagos discrecionales de monseñor fue el cura Ariel Ayala, que estaba al frente del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. Brozina afirma que en esa escuela se detectaron “muchísimas irregularidades” y que fueron subsanadas por el Arzobispado. No obstante, dice que después hubo un faltante de 2 millones de pesos por el que fue echado como chivo expiatorio el contador de la institución, Pablo Fernández. El profesional, relata el imputado, se fue indemnizado porque contaba con mucha información como para complicar al cura por haber adjudicado obras “sin cumplir con el procedimiento de licitación”.

Por otra parte, para reforzar la hipótesis de que monseñor “manejaba la contabilidad a su antojo”, Brozina señala que se hacían otros pagos para “gastos personales, pasajes y electrónica que nunca tuvieron el respaldo documental”. También se refiere a presuntas irregularidades de Delgado en operaciones con bienes del Arzobispado.

Una es la venta de un terreno en calle San Miguel. El descargo del contador consigna que “no tuvo la aprobación del Consejo Presbiteral” y que, incluso, “se llegó a hacer de nuevo el acta del consejo de asuntos económicos citando a personas que no estuvieron y que supuestamente dieron su consentimiento, pero que en ningún momento firmaron”.

En su relato, también acusa a Delgado de desviar dinero de afectación específica depositado en el Banco Santander Internacional Miami. Supuestamente se debe aplicar a obras en el seminario, pero el imputado asegura que lo usó para gastos del Arzobispado. Brozina recuerda que monseñor hizo un acta aclarando que utilizaba sólo los intereses y que en una inversión de alto riesgo que encaró, “que derivó en la estafa de MADOF”, se perdieron 255 mil dólares.

El exadministrador sostiene que sus dichos sobre Becerra no son un capricho sino una muestra de que ya no está en el Arzobispado y que no usa la otra clave que hacía falta para hacer transferencias (la otra era de él mismo). Para demostrar que Delgado estaba al tanto de los desvíos, sostiene que él fue quien pasó a manejar la firma digital del vicario.

Con el ánimo de acreditar sus resonantes afirmaciones, Brozina aportó las actas de la venta del terreno y le solicita al juez que produzca pruebas. Quiere que le tome declaración testimonial a los curas que nombró y que mande a pedir documentación bancaria.