Documento que revela irregularidades en el Instituto del Seguro Entreriano en Provincia de San Juan

Llegó a un estudio jurídico de Paraná y, de allí, a Tribunales. Investigan el meteórico crecimiento patrimonial del gerente general del organismo estatal, entre otros presuntos ilícitos.
 
En el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPS) se redactó una memoria en la que se narra un estremecedor cúmulo de acciones irregulares que involucra a funcionarios del organismo, desde contrataciones de personal sospechosas por montos exuberantes hasta el despilfarro en viáticos. Esta especie de auditoria interna realizada con información documentada llegó a los tribunales el 12 de febrero. Quienes se encargaron de acercarla fueron los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, de alta exposición en los últimos meses por haber impulsado la denuncia contra el ex gobernador Sergio Urribarri. 
La memoria, anónima, llegó al estudio del primero, quien luego de corroborar algunos datos la presentó en los tribunales con el interés de que el fiscal Álvaro Piérola la examine y la tenga en cuenta en el marco de la investigación que lleva adelante por el meteórico crecimiento económico que ha tenido el gerente general del organismo asegurador, Martín Fernández.

La memoria, anónima, llegó al estudio del primero, quien luego de corroborar algunos datos la presentó en los tribunales con el interés de que el fiscal Álvaro Piérola la examine y la tenga en cuenta en el marco de la investigación que lleva adelante por el meteórico crecimiento económico que ha tenido el gerente general del organismo asegurador, Martín Fernández. 


Lo que dice el documento 

El informe, al que tuvo acceso Página Judicial, tiene en sus primeras líneas una acusación concreta: en el seno del Instituto del Seguro se cobran millonarias comisiones por los seguros vendidos a la provincia de San Juan, con la que el organismo ha firmado convenios. Esos pagos serían a un valor muy por encima de lo que permite la ley de ART. En el medio, habría "un retorno" que se repartiría entre jerárquicos, según el escrito que ya está en sede judicial. 


Productores y prestadores, a la vez 

También se mencionan otras irregularidades. Una de ellas refiere a empleados de la empresa estatal que no pueden ser productores de seguros, es decir, que no puede ser parte del Instituto del Seguro y prestadores, a la vez. Quien tiene ese doble rol es Moises Lara, representante de la empresa estatal en San Juan y cercano al ex gobernador José Luis Gioja. 

Quizás por eso cuando el entonces mandatario sufrió el accidente en el helicóptero, el 11 de octubre de 2013, el organismo asegurador respondió de maravillas: le pagó un poco más de un millón de pesos y desembolsó otros dos millones más para su rehabilitación, según supo Página Judicial de una fuente del organismo. 
"Secreto convenio" 

Desde San Luis (provincia con la que el Instituto del Seguro también tiene convenios) llega a las arcas de la empresa otro jugoso aporte que se canaliza a través de un "secreto convenio" con la Gerenciadora de Riesgos Río Varadero/Colonia Suiza. Esta empresa cobra un millonario canon sobre el total de primas de la ART que percibe el Instituto. 

Según el paper presentado en la Justicia, no presta el mejor servicio, lo que ha generado una industria del juicio contra el IAPS. Asegura el documento que se triplicó la judicialización de los siniestros. Esos litigios, según los denunciantes, irían a parar al estudio jurídico de un conocido de la casa: Lisandro Rodríguez Signes, gerente de la Asesoría Letrada de la aseguradora estatal. 
Compró con su plata y luego se lo alquiló 

El paper contiene otras perlitas, como un adelanto de dinero que el Instituto del Seguro le hizo a Lara, a devolver en comodísimas cuotas, para que éste compre un inmueble en la ciudad de San Juan y que luego él mismo se lo alquile al IAPS para oficinas. 

En el organismo, además, desconfían de que la Justicia actúe ante las maniobras que se denuncian. En el mismo paper lo dicen los denunciantes que acudieron al anonimato e invocaron el off the record. Entre los argumentos para descreer citaron relaciones entre un importante funcionario del Poder Ejecutivo y un altísimo integrante del Poder Judicial. La ex pareja del funcionario judicial trabaja en el Instituto del Seguro con un salario nada despreciable. El fiscal Piérola tiene todos los nombres. Debe haberse sorprendido. O quizás no. 

 Publicación de el Entrerios.com

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