Arrancan las clases, con la meta de cumplir los 180 días

Es uno de los principales objetivos planteados por el Gobierno. El inicio será desparejo. Unos 7 millones de chicos volverán a las aulas. Pero habrá paros docentes en 10 provincias.
ALFREDO DILLON/CLARÍN
Aunque 10 provincias –entre ellas, Córdoba, Santa Fe y Mendoza– no cerraron sus paritarias docentes, hoy empiezan las clases para unos 7 millones de chicos. Otros 3,6 millones deberán quedarse en sus casas por los paros, que ponen en jaque uno de los objetivos que se había planteado el gobierno de Mauricio Macri: cumplir con el calendario de 180 días de clase.

Aunque 10 provincias –entre ellas, Córdoba, Santa Fe y Mendoza– no cerraron sus paritarias docentes, hoy empiezan las clases para unos 7 millones de chicos. Otros 3,6 millones deberán quedarse en sus casas por los paros, que ponen en jaque uno de los objetivos que se había planteado el gobierno de Mauricio Macri: cumplir con el calendario de 180 días de clase.
Las huelgas docentes se han consolidado como parte del ritual del inicio escolar. El año pasado hubo varios días de paro en provincias como Entre Ríos, Misiones y Santa Cruz. En 2014, uno de los años más conflictivos de la última década, la provincia de Buenos Aires –que suma casi el 40% de la matrícula nacional– empezó las clases 17 días más tarde de lo previsto. Desde 2011 que los bonaerenses no comenzaban las clases en término.
En la región, Brasil y México establecieron un calendario mínimo de 200 días de clase. Otros países, como Francia y España, tienen “sólo” 175 días, pero con doble turno. En Argentina, la jornada extendida aún es minoritaria (apenas alcanza al 10% de los alumnos), y una resolución de 2011 fijó el objetivo de alcanzar 190 días de clase. Desde entonces la concreción de esa meta ha sido la excepción: sólo San Luis lo logró todos los años.
El cumplimiento del calendario fue una de las prioridades del actual ministro de Educación, Esteban Bullrich, durante su gestión porteña. “No puede haber calidad educativa si no hay clases”, planteó Bullrich la semana pasada, al anunciar el acuerdo en la paritaria nacional docente, y reconoció que el propio Macri le había pedido “cumplir el calendario escolar de 180 días de clase y llegar a los 190”.
Mariano Narodowski, ex ministro de Educación de la Ciudad y profesor de la Universidad Di Tella, compara la negociación salarial con un tango: “Los funcionarios arriesgan firuletes para que ‘cierren los números’, y los sindicalistas, tangueros de mil milongas, saben que febrero es el momento: al comenzar las clases, la política y los medios relegan la educación”. Narodowski lamenta que “el resultado es siempre el mismo: hay acuerdo nacional en una rara paritaria sin trabajadores (porque del Ministerio nacional no depende ni una sola escuela) y se enciende el conflicto en cada provincia con paritarias de verdad, con docentes y problemas reales. El acuerdo es nacional, la huelga docente es provincial”.
De todos modos, para el investigador de Di Tella el mayor problema no es el paro: “El drama es que ni la huelga ni el acuerdo conforman una etapa superadora para un mejoramiento en el tiempo. Marechal decía que de todo laberinto se sale por arriba: ese es el desafío”.
No hay consenso entre los especialistas sobre el impacto del calendario escolar en el aprendizaje: más días de clase no equivalen a mejores desempeños, sostienen algunos, aunque otros afirman lo contrario. Sí hay acuerdo en que, más allá de garantizar la presencia de los maestros en las aulas, uno de los mayores retos para el nuevo gobierno en el terreno educativo es jerarquizar la profesión docente.
Guillermo Jaim Etcheverry, ex rector de la UBA y miembro de la Academia de Educación, subraya “la necesaria adecuación a la caída del poder adquisitivo” del salario docente, que aún es bajo, “inclusive cuando se lo compara con el de otras actividades sostenidas por el Estado”. Para Jaim Etcheverry, “eso desnuda la escasa relevancia que para la sociedad tiene la tarea de educar, más allá del discurso. Hasta que la profesión docente no sea atractiva para los mejores, no se podrá pensar en elevar el nivel de nuestra alicaída educación”.
Guillermina Tiramonti, investigadora de Flacso, apuesta a que se pase de la “puja salarial” a la concertación de la política educativa: “Es de esperar que a lo largo del año las reuniones entre gremios y Gobierno se repitan con una mesa ampliada y una agenda que incluya todos los temas necesarios para lograr la transformación educativa que se prometió en la campaña”.
Para Tiramonti, “si efectivamente el Gobierno tiene la voluntad de cambiar la educación y sigue considerando que eso es importante para el futuro del país, deberá articular una coalición política que permita implementar la prometida transformación”. La experta agrega: “Hasta ahora instituimos la puja salarial con los gremios como el único escenario de negociación del sector. Habrá que esforzarse para cambiar esta tendencia y transformar el sistema en un instrumento al servicio de la formación de las nuevas generaciones”.
Axel Rivas, director del programa de Educación de CIPPEC, apunta que las negociaciones salariales “tienen la marca indeleble de nuestro país: la obsesión del corto plazo”. Y compara: “El inicio de clases y la inflación presionan por definiciones inmediatas que se repiten cíclicamente. No debería ser inevitable discutir contra reloj. Las paritarias docentes pueden tener otro marco y otro sentido”.
Rivas sostiene que ya es hora “del largo plazo” y considera necesario “abrir una discusión sobre el financiamiento educativo” con un plan de prioridades a 10 años. “Esto abarca la formulación de una nueva carrera docente con mejores salarios, un puesto de trabajo integral (en menos escuelas y con tiempo pago fuera del aula) y formación rigurosa: debería ser muy difícil y prestigioso ser docente, tanto por lo que se paga como por los requisitos profesionales”, enumera.
La distribución de los recursos entre provincias y escuelas también se perfila como una urgencia dentro de la agenda: “La coparticipación y el impuesto a las ganancias son también discusiones educativas: de allí salen más o menos recursos y se reparten de manera más o menos justa –concluye Rivas–. La salida educativa es poner el largo plazo y la justicia distributiva en el centro del debate”.

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